Decisión judicial que decreta la nulidad parcial en un proceso de protección de derechos colectivos, debido a una indebida notificación a una de las entidades demandadas. El caso involucra a la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira y varias entidades públicas, incluyendo el INVIMA, y se fundamenta en la normativa procesal vigente.