La Ley 788 de 2002 introduce reformas en el ámbito tributario y penal, incluyendo sanciones para administradores y representantes legales por irregularidades fiscales, procedimientos para devolución de retenciones y anticipos, y ajustes en el cálculo de intereses moratorios. El objetivo es mejorar el control fiscal y combatir la evasión y defraudación tributaria en Colombia.